Orden de mérito para el Juzgado de Violencia Familiar y de Género

La Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial dio por finalizado el concurso para cubrir dos cargos en el Fuero de Violencia Familiar y de Género. Para ambos cargos, se presentaron 15 postulantes. Los inscriptos son abogados litigantes del foro local y del Poder Judicial. De esta manera, el martes último, se presentó el orden de mérito al gobernador Raúl Jalil. El orden de mérito quedó conformado por María Elizabeth Salas, en primer lugar, seguida por Ana Carolina Córdoba, Ana Clara del Valle Barros y Federico Pizarro.

Este concurso abrió en junio. El Poder Ejecutivo Provincial seleccionará a dos postulantes y enviará sus pliegos a la Cámara de Senadores, a efectos de que se les dé acuerdo.  

La Ley Provincial 5.434 de Creación del Fuero de Violencia Familiar y de Género se considera de interés prioritario para el Estado catamarqueño la lucha para la prevención, erradicación y sanción de la violencia familiar y de género, la ejercida en el seno intrafamiliar contra mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, incapaces, personas con discapacidad y del grupo de diversidad sexual, que se lleva a cabo motivada en relaciones familiares, cualquiera sea la persona, condición, sexo y edad del damnificado.

En este contexto, el artículo 18 de la normativa provincial establece la creación de los Juzgados de Primera Instancia de Violencia Familiar y de

Género. Estos tribunales serán unipersonales y estarán a cargo de jueces letrados. Los Juzgados de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género serán asistidos cada uno por una secretaría Civil.

Según el artículo 30, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género es competente para entender en forma exclusiva en materia civil, en el conocimiento, sustanciación y decisión de causas que se susciten en los términos de la Ley Nacional 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, en todo lo que no fuera de competencia de la Justicia Penal; en todas las cuestiones que se susciten relativas a la violencia familiar y de género, establecidas en la presente ley y en las cuestiones que se susciten por situaciones contempladas por la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, en todo lo que no fuera de competencia penal.

Además, la competencia de Juzgado de Violencia Familiar y de Género es indelegable, quedando facultados a encomendar a tribunales de otra competencia y jurisdicción la realización de diligencias tendientes a la consecución del objeto y finalidad de la presente ley.

Participación ciudadana

En el marco de este concurso, el 6 de octubre pasado se concretó la instancia de entrevistas. Las asociaciones civiles participaron con más de 15 preguntas para los aspirantes. En esta ocasión, manifestaron sus inquietudes Fundación Centro de Estudios de Género (CEGEN),  Asociación Siempre Diversidad Argentina (ASDA), el Conversatorio Comunitario Puerta de Corral Quemado y Eulalias Comunicadoras Feministas de Catamarca.

Por sorteo se leyeron las preguntas de CEGEN y de ASDA. Estas instituciones preguntaron sobre “los lugares que tiene la provincia de Catamarca donde las mujeres y las personas LGTB+ pueden pedir un asesoramiento integral en relación con la violencia de género” y “¿en caso de detención cómo es el sistema que se adoptaría para las personas trans travestis?”.

En el recinto de las entrevistas se hicieron cita, por primera vez de manera presencial –protocolo sanitario mediante- referentes de CEGEN, de ASDA, del Conversatorio Comunitario Puerta de Corral Quemado, la Red de Mujeres Solidarias y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

La participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados y funcionarios está contemplada en el Reglamento de la Comisión Evaluadora. De esta manera, se pretende sumar voces de la ciudadanía, colegios y asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico y científico y las organizaciones no gubernamentales y, al mismo tiempo, fortalecer un espacio de escucha activa.

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